El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, afirmó este martes que el Decreto Supremo N.º 5676, que establece un nuevo régimen para la comercialización de diésel a grandes consumidores, debe ser abrogado o modificado, debido a los problemas que está generando su aplicación.
La autoridad realizó estas declaraciones durante una reunión con productores interculturales de Yapacaní, quienes habían anunciado medidas de presión en rechazo al incremento del precio del diésel y ante la persistente falta de abastecimiento.
“Tiene que ser abrogado”, afirmó Paredes al referirse a la norma, señalando que informó al gabinete sobre las dificultades que se están presentando en su aplicación.
Según explicó, el objetivo del decreto era establecer que los grandes consumidores puedan adquirir su propio diésel, mientras se garantizaba a los pequeños productores el acceso al combustible a precio subvencionado. Sin embargo, reconoció que la medida no cumplió con el objetivo previsto.
“El decreto supremo que ha sacado el Gobierno, efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación. Yo he informado al gabinete, que ha dicho que sí quiere abrogar, derogar, pero no puede quedar como está, porque no ha cumplido su objetivo”, manifestó.
Paredes insistió en que la norma debe ser modificada o abrogada, declaración que fue recibida con aplausos por los productores presentes en la reunión.
La autoridad llegó hasta Yapacaní acompañada por el vicepresidente de YPFB, Víctor Hugo Blacud, con el objetivo de buscar una solución al conflicto y evitar el bloqueo de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, anunciado por sectores productivos.
Durante el encuentro se plantearon tres líneas de trabajo: garantizar el abastecimiento directo de combustible a los productores, gestionar la instalación de una refinería y promover la construcción de una estación de servicio en Yapacaní.
El Decreto Supremo N.º 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores, eliminando para este sector el régimen de subvención que se aplica al resto de los usuarios.
La admisión de problemas en la aplicación de la norma se produce en medio de una creciente presión de productores agropecuarios del Norte Integrado, quienes exigen al Gobierno garantizar el suministro de diésel y rechazan el nuevo precio por considerar que incrementará sus costos de producción.
