En medio de la crisis de combustibles, las extensas filas de vehículos y las dificultades para acceder principalmente a diésel, el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, pidió a la población realizar control ciudadano sobre la distribución y comercialización de carburantes, luego de denunciar presuntas irregularidades en un surtidor de YPFB ubicado en el municipio de Cabezas.
En un video difundido públicamente, Zambrana relató que el sábado, mientras se dirigía hacia la provincia Cordillera, se detuvo en el único surtidor público de Cabezas, ubicado al sur del departamento. Según su versión, alrededor de las 07:00 consultó a la operadora si había gasolina, pero recibió una respuesta negativa.
El dirigente aseguró que posteriormente revisó la programación correspondiente a la noche anterior y constató que se habían destinado 20.000 litros de gasolina a esa estación de servicio.
“Reviso la programación de la noche anterior y había 20.000 litros destinados para ese surtidor. Hago la pregunta y me dicen: no hay”, relató.
Denuncia distintas versiones sobre el combustible
Zambrana afirmó que, durante aproximadamente 15 minutos, recibió cuatro explicaciones diferentes sobre la situación del combustible: que no había carburante, que existían fallas en el sistema, que una cisterna estaba realizando la descarga y que parte del volumen correspondía a reservas para ambulancias, militares y otras instituciones.
Ante esta situación, señaló que se realizó una llamada en la que participaron autoridades del área de hidrocarburos, entre ellas el ministro Marcelo Blanco, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y representantes de la ANH.
Posteriormente, según Zambrana, se efectuó una medición de los tanques de almacenamiento y se detectó la existencia de aproximadamente 3.000 litros de gasolina.
“Descubrimos que había 3.000 litros que estaban siendo almacenados para dárselo a quién, eso es lo que se está tratando de descubrir”, manifestó.
El cívico cuestionó el destino que se pretendía dar a ese volumen de combustible y sostuvo que corresponde establecer si existió alguna irregularidad en la cadena de distribución.
Pide control ciudadano y verificar la trazabilidad
A partir de este caso, Zambrana convocó a la población a realizar un seguimiento de las programaciones de combustible y verificar posteriormente la situación en los diferentes surtidores.
“Hoy más que nunca necesitamos hacer control ciudadano entre todos”, expresó, al plantear que la ciudadanía pueda contrastar cuánto combustible es programado para cada municipio, cuánto sale efectivamente de las plantas y cuánto llega finalmente a las estaciones de servicio.
El dirigente afirmó que, después de hacer pública la denuncia, recibió llamadas desde diferentes regiones del país reportando presuntas irregularidades en la distribución de carburantes.
En ese marco, anunció que este lunes presentará una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado para solicitar una investigación sobre la trazabilidad del combustible en el país.
“Programar no es abastecer”
Zambrana planteó una serie de interrogantes sobre el recorrido del carburante: cuánto combustible programa YPFB, cuánto sale realmente de las plantas, cuánto llega a los surtidores y cuánto termina siendo comercializado al consumidor.
“Si los números no cuadran, Bolivia tiene derecho a saber dónde y quién cortó la cadena. Siempre lo dijimos, programar no es abastecer. Y despachar tampoco alcanza”, afirmó.
La denuncia busca establecer si existen diferencias entre los volúmenes programados, despachados, recibidos y comercializados, además de determinar responsabilidades en caso de comprobarse irregularidades.
ANH confirma que detectó irregularidades
Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que, durante un operativo de control en una estación de servicio de Cabezas, detectó irregularidades en los procedimientos de comercialización de combustibles y determinó iniciar un proceso.
Según un boletín institucional, el personal técnico de la entidad realizó una revisión de los sistemas de comercialización, los tanques de almacenamiento, las cámaras de seguridad y la documentación relacionada con las actividades de la estación de servicio.
“Tras concluir el proceso de verificación y recopilar los elementos correspondientes, se identificaron irregularidades en los procedimientos de comercialización de combustibles”, señala el documento.
La ANH indicó que los elementos recopilados serán considerados dentro del proceso correspondiente, mientras que la denuncia planteada por el dirigente cívico apunta a establecer la trazabilidad del carburante y las posibles responsabilidades en toda la cadena de distribución.
