La pérdida de la personalidad jurídica de determinadas organizaciones y la cancelación de autorizaciones y licencias de ruta para operadores de transporte son algunas de las medidas contempladas en la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías en el Departamento de Santa Cruz, promulgada este viernes 11 de septiembre por el gobernador Juan Pablo Velasco Dalence.
La nueva norma establece mecanismos de prevención, coordinación institucional y atención de contingencias ante el bloqueo de carreteras, además de contemplar un régimen de sanciones para quienes promuevan, financien, organicen o ejecuten estas medidas de presión, de acuerdo con las competencias del Gobierno Autónomo Departamental.
El objetivo señalado durante la promulgación es evitar la paralización de las actividades productivas, proteger el derecho al trabajo y reducir los efectos económicos y sociales que los bloqueos generan sobre la población que no participa directamente de los conflictos.
Las principales medidas contempladas
Pérdida de personalidad jurídica
La ley contempla la pérdida de la personalidad jurídica para organizaciones sociales, ONG, fundaciones o asociaciones civiles que, dentro del ámbito de aplicación de la norma y conforme al procedimiento correspondiente, promuevan, financien, organicen o respalden institucionalmente el bloqueo de caminos.
Cancelación de licencias al transporte
Los operadores y sindicatos de transporte interprovincial o departamental que participen en el cierre de vías podrían enfrentar la cancelación de autorizaciones, concesiones y licencias de ruta, en el marco de la normativa departamental correspondiente.
Bloqueos de más de cuatro horas
La norma establece que un bloqueo que supere las cuatro horas continuas será considerado una situación de Alerta Naranja, lo que obliga a activar mecanismos de atención y habilitación de corredores humanitarios.
Protección de la producción y del ganado
La ley incorpora medidas destinadas a proteger la cadena agropecuaria y el ganado que se encuentra en tránsito, buscando evitar pérdidas y situaciones que puedan poner en riesgo la vida o integridad de los animales durante los bloqueos.
Sistema de monitoreo y alerta temprana
También se crea el Subsistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SMAT-SC), que permitirá realizar seguimiento de eventuales conflictos mediante herramientas de monitoreo y videovigilancia.
Ante la detección de una amenaza, el Ejecutivo departamental deberá activar los mecanismos institucionales previstos y priorizar el diálogo antes de solicitar la intervención de otras instancias, conforme al protocolo establecido.
Tres niveles de respuesta
El protocolo contempla tres niveles de respuesta institucional:
- Alerta Amarilla: verificación de la situación y acciones de diálogo.
- Alerta Naranja: activación de corredores y medidas para garantizar el paso de insumos y servicios esenciales.
- Alerta Roja: atención inmediata ante situaciones de riesgo vital o médico.
Paso prioritario para servicios esenciales
La normativa establece mecanismos para garantizar el tránsito prioritario de cisternas de combustibles, vehículos que transporten alimentos perecederos, insumos médicos, ambulancias y personas que enfrenten emergencias médicas.
Propuesta para tipificar el bloqueo como delito
La ley también plantea una proyección hacia el ámbito nacional. La Asamblea Legislativa Departamental deberá impulsar, dentro del plazo establecido, una propuesta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para analizar modificaciones al Código Penal relacionadas con el bloqueo de carreteras.
Aguirre: “Hay derechos de terceros que no están involucrados”
Durante el acto de promulgación, la vicegobernadora Paola Aguirre remarcó que la norma no busca desconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica, sino establecer mecanismos para proteger los derechos de terceros afectados por los bloqueos.
“No se trata de desconocer el derecho a la protesta, se trata de entender que hay derechos de terceros que no están involucrados en el conflicto”, afirmó.
Aguirre recordó además los antecedentes de mayo, cuando Santa Cruz enfrentó prolongados bloqueos de carreteras que afectaron al transporte, la producción y el abastecimiento.
Ley fue trabajada durante más de tres meses
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, destacó que la norma fue elaborada durante más de tres meses mediante mesas de trabajo en las que participaron sectores productivos, transporte organizado, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Señaló que la ley se sustenta principalmente en la prevención mediante sistemas de alerta temprana, la coordinación interinstitucional y la atención de contingencias para reducir los daños económicos y sociales.
Reglamento deberá establecer los procedimientos
El Órgano Ejecutivo Departamental tendrá un plazo máximo de 180 días calendario para elaborar la reglamentación operativa de la ley, donde deberán establecerse los procedimientos y mecanismos para su aplicación, incluidos aquellos relacionados con las medidas administrativas previstas.
De esta manera, la Gobernación busca contar con un marco departamental que permita actuar ante futuros bloqueos, priorizando la prevención, el diálogo y la coordinación institucional, pero también estableciendo consecuencias administrativas cuando corresponda.
