El juez de Instrucción Penal Primero de Yapacaní, Ricardo Zegarra, recomendó a la población recurrir a la conciliación como primera alternativa para resolver conflictos y evitar, en lo posible, el inicio de procesos judiciales que pueden prolongarse durante varios años.
La autoridad judicial, que lleva aproximadamente diez meses de trabajo en Yapacaní, manifestó que desarrolla sus funciones con imparcialidad y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Asimismo, expresó su disposición a coordinar acciones con las instituciones públicas y privadas para mejorar la administración de justicia.
“Si hubiese alguna queja, estamos para solucionar y coordinar el trabajo con todas las instituciones, sean públicas o privadas. La coordinación y cooperación es a lo que tenemos que abocarnos”, señaló Zegarra en una entrevista con Radio televisión Ichilo.
Atención prioritaria a sectores vulnerables
Durante sus declaraciones, el juez también hizo énfasis en la atención que deben recibir los sectores considerados vulnerables, particularmente los niños, las mujeres y los adultos mayores.
Indicó que estos grupos requieren una atención prioritaria, pronta y oportuna, sin dilaciones, en el marco de las disposiciones legales vigentes, entre ellas la Ley 348, que establece medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
La conciliación como alternativa para evitar procesos largos
Zegarra insistió en que la conciliación debe promoverse en las distintas materias del ámbito judicial, siempre que corresponda legalmente, como un mecanismo para resolver controversias sin necesidad de prolongar los litigios.
“Hay que invocar siempre la conciliación para evitar procesos largos que duran años. Reitero que, en todas las materias, las conciliaciones deben implementarse”, manifestó.
La autoridad también sostuvo que los procesos judiciales deben desarrollarse dentro de plazos razonables y concluir con una resolución definitiva, evitando demoras que afecten a las partes involucradas.
Su recomendación apunta a fortalecer los mecanismos de diálogo y entendimiento entre las personas en conflicto, como una vía para facilitar el acceso a la justicia y reducir la prolongación de los litigios.
