¿Quién responde por el daño económico al Estado y el débito de más 10 millones de bolivianos a la Alcaldía por el caso de la piscina olímpica?
Esa es la interrogante que lanzó la diputada nacional por la Circunscripción 52, Deisy Choque, al expresar su preocupación por la situación jurídica en la que se encuentran los terrenos de la avenida Betania donde quedó a medias la construcción del complejo de natación.
Según la parlamentaria esta área tiene dos matriculas registradas en Derechos Reales, lo que genera el conflicto y la posibilidad de retomar el proyecto pese a la voluntad expresada por el presidente Luis Arce Catacora anunciada el 24 de septiembre del 2023 de invertir 31 millones de bolivianos para finalizar la piscina olímpica.
Al no estar saneado el derecho propietario de esta área, la inversión que se realizó el Gobierno a través de la Unidad de Proyectos del Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia para construir la piscina se realizó en un terreno que no era de propiedad de la Alcaldía.
¿Quién responde por el daño económico al Estado por la inversión realizada en la piscina olímpica, pero sobre todo por el débito de más de 10 millones que sufrió la Alcaldía Municipal, dinero que es de todos los montereños?, preguntó Deisy Choque.
Estos recursos (10 millones de bolivianos) bien pudieron utilizarse en obras municipales para mejorar la calidad de vida de los montereños, afirmó a tiempo de exigir un pronunciamiento a los dirigentes del Distrito 5 para exigir que los responsables respondan por este perjuicio que los puede dejar sin su obra estrella.
Choque manifestó que en la gestión del exalcalde Mario Baptista se sacó una segunda matricula al terreno sin anular la primera. Esta área era conocida como el complejo del Club Guabirá donde las divisiones menores desarrollaban sus partidos de fútbol, pero fue afectadas para construir esta obra que ahora es una mole de cemento abandonada.
La doble matriculación de terreno, según la parlamentaria no permite realizar una auditoría, un peritaje a la obra para conocer qué cantidad de dinero se necesita para finalizar el proyecto. ¿Quién responde por esta pérdida económica y por el débito a la Alcaldía de los más de 10 millones de bolivianos?, insistió.
La diputada nacional lamentó que los exalcaldes Mario Baptista, Miguel Ángel Hurtado y Noel Pozo en vez de enfrascarse en peleas políticas no hayan sido capaces de solucionar el derecho propietario del terreno para verificar si pertenecen al Club Guabirá, al Ingenio Azucarero Guabirá o en definitiva eran predios municipales.
El daño económico que se ha realizado al Estado es enorme y hasta la fecha no hay responsables, manifestó que hace dos meses realizó una petición de informe a la Alcaldía Municipal sobre la situación jurídica del terreno en cuestión y no ha tenido respuesta.
Dijo que dicho informe es crucial para determinar se realizar un proceso al ejecutivo municipal o se remite la documentación a la Contraloría para que se determine el grado de responsabilidad porque las autoridades municipales no informaron en su momento que la inversión se estaba realizando en un área privada, apuntó.
“Es dinero del Estado y seguramente se van a instaurar procesos para sancionar a los responsables por el daño económico”, dijo.
La piscina olímpica fue un proyecto ambicioso de la gestión del alcalde Mario Baptista que debía financiarse con recursos estatales provenientes de la UPRE, la edificación de la obra se inició en julio del 2019 con un presupuesto de Bs 41,6 millones.
Sin embargo, en el mes de marzo del 2021, por un presunto incumplimiento de parte de la empresa Velarde Construcciones S.R.L. a la minuta del contrato 52/2019 referido a la construcción de la piscina olímpica, el alcalde municipal Noel Pozo, determinó la resolución del contrato de la obra, posteriormente, esta acción perjudicaría económicamente a la Alcaldía de Montero que sufrió un débito de más de 10 millones de bolivianos por parte de la UPRE para recuperar la inversión realizada en la alberca.
