La reciente aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Acceso a la Información no es solo un retroceso administrativo; es la institucionalización del obstáculo.
*MSc. Hugo Salvatierra Rivero – Periodista y docente universitario
Resulta contradictorio y preocupante cómo, mientras por un lado el discurso oficial promete «desregulación» y la eliminación de barreras burocráticas —como el supuesto fin del requisito de las fotocopias de cédula—, por el otro, la Cámara Alta aprueba en grande una norma que reinstaura exactamente esa misma pesadez estatal.
Con justa razón, los gremios y organizaciones de prensa del país se han declarado en estado de alerta, lamentando que el Legislativo no haya convocado a audiencias públicas para subsanar los profundos vacíos de la propuesta.
Lejos de avanzar hacia la digitalización y la transparencia, este proyecto representa un golpe directo a la seguridad jurídica y física de quienes ejercen el periodismo de investigación.
Exigir solicitudes estrictamente escritas, el registro obligatorio de datos personales y la entrega de fotocopias de carnet para fiscalizar el poder público genera tres problemas críticos que estrangulan la fiscalización:
Primero, sepulta el anonimato estratégico. Al dejar un registro oficial de quién está investigando qué, se expone al periodista a represalias institucionales o personales mucho antes de que la investigación salga a la luz.
Segundo, provoca un efecto inhibitorio. Al elevar la barrera de entrada y los riesgos individuales, se disuade a los comunicadores independientes o de regiones vulnerables de realizar investigaciones de fondo.
Y tercero, consolida plazos y excepciones ambiguas. La creación de 11 límites aprobados —que incluyen conceptos mal definidos como «información reservada» o «datos personales»— actúa como el escudo perfecto para que cualquier funcionario niegue datos de manera sistemática.
Aquí es donde cobran vigencia plena tres conceptos que capturan una frustración histórica muy profunda en nuestra sociedad: la sensación de que el Estado, en lugar de ser un motor que facilite la vida del ciudadano, funciona como un freno permanente.
Vivimos en el «país tranca», el reflejo de una estructura nacional atrapada en el inmovilismo, donde cualquier iniciativa privada, ciudadana o periodística se desgasta intentando mover una maquinaria paralizada. Para sostenerlo, se diseñan «leyes tranca», normas nacidas desde la desconfianza mutua que, en lugar de garantizar derechos, se estructuran para controlar y vigilar.
El resultado es un «gobierno tranquera»: una autoridad que actúa como guardián celoso de sus propios privilegios, administrando el Estado como si fuera un feudo privado donde se decide discrecionalmente quién pasa, qué se sabe y qué se oculta.
La paradoja del «país tranca» sigue dolorosamente viva. Una ley que debió nacer para transparentar el Estado e impulsar el derecho ciudadano a saber, parece diseñada a la inversa: para proteger la opacidad y burocratizar el control social. Es la contradicción de convivir con un discurso moderno de libertades, mientras el día a día del periodismo y de la ciudadanía sigue atrapado en la cultura del papeleo, el sello, la ventanilla y el riesgo latente para quien se atreve a preguntar de más.
