Los periodistas y medios de comunicación de Montero y del Norte Integrado decidieron cerrar filas en defensa de la libertad de prensa y en rechazo al proceso judicial iniciado contra la periodista Cinthia Ñandauca Mendoza, quien fue convocada a una audiencia dentro de una Acción de Protección de Privacidad admitida por el Juzgado Público de Familia de Montero.
La convocatoria generó preocupación en el sector periodístico, que considera que el caso puede sentar un precedente sobre el ejercicio de la labor informativa y advierte sobre posibles riesgos de hostigamiento, censura y restricciones al trabajo de la prensa.
Los trabajadores de los medios de comunicación se autoconvocaron al Palacio de Justicia de Montero para expresar su respaldo a la colega y solicitar que el juez decline competencia, tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de Imprenta.
El proceso surge tras la publicación de una denuncia
El caso se originó el pasado 12 de octubre, cuando Ñandauca publicó en su espacio informativo de Facebook, Conexión Informativo, la denuncia de un ciudadano que aseguró haber entregado Bs 9.000 a dos abogados para que asumieran su defensa en un proceso por violencia familiar.
Según el relato del denunciante, este habría vendido su motocicleta para reunir el dinero, pero sostiene que no recibió el servicio legal acordado y exige la devolución del monto entregado.
Como parte de su labor periodística, Ñandauca acudió al estudio jurídico de los abogados aludidos para buscar su versión de los hechos. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de la periodista, cuando se disponía a grabar imágenes con su teléfono celular, una persona la sujetó de la mano con violencia, provocándole dolor.
Posteriormente, mediante un mensaje en redes sociales, la periodista habría recibido la exigencia de retirar la publicación en un plazo de 24 horas.
Tras estos hechos, se admitió una Acción de Protección de Privacidad en su contra y se convocó a una audiencia judicial, situación que provocó la reacción de organizaciones y trabajadores de la prensa.
El gremio cuestiona la vía judicial utilizada
Desde el sector periodístico sostienen que el caso debe ser tratado conforme a las normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y la responsabilidad por las publicaciones informativas.
En ese sentido, invocan el parágrafo segundo del artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que establece que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad, los cuales serán ejercidos mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación, y su ley.
Los representantes del gremio consideran que las denuncias relacionadas con el ejercicio periodístico deben canalizarse por las instancias previstas en la Ley de Imprenta y los mecanismos de autorregulación, por lo que cuestionan que el caso haya sido admitido en la jurisdicción ordinaria.
Convocan a una concentración en el Palacio de Justicia
La audiencia oral y pública fue programada por el juez Grover Serrudo Leaño para las 15:00 de este lunes 26 de octubre, en el segundo piso del Palacio de Justicia de Montero.
Ante esta convocatoria, periodistas y representantes de medios de comunicación de la región anunciaron su presencia en el lugar para respaldar a Ñandauca y pedir que se respete el marco legal que regula el ejercicio de la profesión.
El sector sostiene que la defensa de la periodista trasciende el caso particular y considera que está en juego la garantía de informar sobre denuncias de interés público sin sufrir represalias.
Los trabajadores de la prensa reiteraron su demanda de garantías para el ejercicio periodístico y exhortaron a las autoridades judiciales a actuar con apego a la Constitución y las leyes, resguardando tanto los derechos de las personas involucradas como la libertad de expresión y de información.
