En este 8 de marzo, Día internacional de la mujer, mujeres de barrios organizadas por dirigentes de organizaciones vecinales del lado este, marcharon vestidas de negro por las principales calles de Montero exigiendo de las autoridades mayor atención a sus demandas de justicia ante el creciente número de casos de feminicidios y violaciones en los que ellas son las víctimas directas.
Al final de la marcha que culminó en las puertas de la fiscalía, dirigentes manifestaron que ya es suficiente de que el número de casos de feminicidios y violaciones sigan creciendo y que los agresores no tengan las sanciones que sean ejemplarizadoras de tal manera que los casos disminuyan y no queden solamente en cifras y sean archivados sin resultados favorables para las víctimas.
Una de sus representantes pidió a las autoridades que se conforme un Comité o Comisión interinstitucional para que procedan a la revisión de cada caso y ver la cantidad de denuncias que se dieron en los últimos cinco años y en qué situación quedaron, si se hizo justicia y los autores están tras las rejas o han quedado en la impunidad.
La manifestante, dijo que han hecho un seguimiento en los últimos casos y tienen conocimiento de la cantidad de denuncias que se han presentado. Según esta estadística, en 2020 se presentaron 108 casos, en 2021 fueron 113 casos y en los primeros tres meses del presente año, ya se cuentan 13 casos, que esperan tengan el proceso judicial que termine en la sanción de los agresores.
La dirigente se refirió al reciente caso en el que una joven en estado de gestación fue alevosamente agredida, llegando al extremo de perder al bebé y “ha llegado al hospital con un caso de aborto provocado por su pareja, esta persona que se supone es la que más te quiere y te tiene que proteger, es la que resulta siendo tu agresor, tu verdugo, que tiene que estar en la cárcel” sostuvo dirigiéndose a las participantes de la marcha.
Llamó a las mujeres a denunciar los actos de violencia de sus parejas o de cualquier familiar o persona, pero pidió que al mismo tiempo, las autoridades deben darles la seguridad de que, cuando asienten una denuncia, procedan como corresponde, “que no se pierdan carpetas, que no se pierdan pruebas, que en el transcurso del tiempo no se vayan postergando las audiencias, la requisas, las inspecciones y todo lo que se realiza para que el proceso termine haciendo justicia a las víctimas y sus familias, manifestó.
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