La exmandataria envió una carta a la presidenta del organismo, Julissa Mantilla, en la que exhorta que se pronuncie sobre “las violaciones de derechos humanos” del presidente Luis Arce.
En una carta de tres páginas, dirigida a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, la expresidenta del Estado, Jeanine Añez, cuestionó el silencio y la inacción que ha mantenido la institución frente a los “consecutivos abusos que las autoridades de Bolivia” ejecutan en su contra.
Además, exigió que la CIDH se pronuncie sobre estas irregularidades.
“Los exhorto a pronunciarse y actuar ante las violaciones de derechos humanos perpetrados por el MAS y el gobierno de Luis Arce Catacora contra Jeanine Añez Chávez y todos los presos políticos”, escribió la exmandataria.
En la misiva, Añez realiza un recuento de las presuntas vulneraciones que vivió durante su detención preventiva. Es más, el texto se remonta a la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, en noviembre de 2019.
“La OEA reconoció al gobierno constitucional de Jeanine Añez, a través de la delegación oficial de la excanciller Karen Longaric y del representante permanente de Bolivia ante la OEA, embajador Jaime Aparicio”, recalcó.
Añez explicó que desde que recibió la sentencia de 10 años de cárcel por un supuesto golpe de Estado en Bolivia, en medio de irregularidades, la comunidad internacional se manifestó al respecto.
“La comunidad internacional constitucionalizada se ha pronunciado, como el relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Brasil, la Unión Europea… menos la CIDH”, se lee en la carta.
Al concluir, la ex mandataria alega que el cumplimiento de los derechos humanos ha sido “nulo” después de que ella entregó el mando al presidente electo Luis Arce “en las elecciones sin fraude que llevé adelante el 2020”.
Añez se encuentra recluida en el penal de Miraflores. El pasado 10 de junio fue sentenciada a 10 años de prisión en un juicio ordinario por el caso “golpe de Estado II” acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución.
Su defensa ha denunciado que se vulneró el debido proceso en muchas circunstancias, una de ellas la negativa de un juicio de responsabilidades.
Fuente: Página Siete
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