La institucionalidad cruceña dio un aire de unos días para reactivar sus actividades ante la emergencia generada a escala nacional por el denominado “paquetazo de leyes” que es impulsado por el Gobierno de turno. Desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) confirmaron que el Comité interinstitucional se reunirá el próximo viernes, 28 de abril
En primera instancia, la cita estaba fijada para este 21 de abril; sin embargo, desde la Uagrm emitieron un comunicado en el que exponen que se atendió una solicitud del Comité pro Santa Cruz y de la Brigada Parlamentaria Cruceña para mover la fecha de reunión.
Para este encuentro que arrancará a las 15:30 ya confirmaron su presencia autoridades de la Gobernación, de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y de otras instituciones que son parte de este conglomerado que se gestó en 2022 en medio de las movilizaciones por el Censo de Población y Vivienda.
”Para nuestra universidad es muy importante la presencia de nuestras principales instituciones cívicas y políticas en el marco de poder generar propuestas consensuadas que puedan cohesionar a la ciudadanía regional y nacional en torno a los problemas que enfrenta nuestro país”, reza el comunicado difundido la mañana de este viernes.
El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, adelantó que esta será una reunión de coordinación, ya que hay temas que preocupan a diferentes sectores, donde además del ‘paquetazo normativo’, también asoma la alerta por la reforma judicial y la situación económica del país, por lo que la intención a corto plazo es incluir a otras regiones en la agenda que maneja el Comité interinstitucional.
“Bolivia tiene un modelo económico que está agotado totalmente y solo en base a la unidad de los bolivianos es que se puede reconstruir la economía nacional”, apuntó el rector de la universidad pública cruceña, a tiempo de exponer que se enviaron las invitaciones para que los miembros de la institucionalidad cruceña tomen parte de este evento.
Mientras tanto, el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic confirmó que estará presente, advirtiendo que estos proyectos de ley que impulsa el oficialismo son normas que restringen los derechos de la protesta y que lo que se busca es criminalizar las movilizaciones.
Las normas observadas
Si bien el Gobierno empezó a dar marcha atrás a las normas en agenda prometiendo que serán socializadas, la situación tiene movilizados a diferentes sectores entre los que resaltan transportistas, gremiales, cuentapropistas, periodistas y jubilados.
“El pueblo ya le dijo ‘no’ a la Ley 1386 hace dos años”, apuntó el primer vicepresidente cívico Stello Cochamanidis, en referencia al paro multisectorial que se llevó adelante en noviembre de 2021, por lo que ahora resurge el mismo sentir ante la aplicación de estas nuevas leyes, entre las que ya está en vigencia el Decreto Supremo 4906.
Tal decreto, según defiende el Gobierno, establece el congelamiento “inmediato” de cuentas y bienes derivados de las ganancias ilícitas, enfocándose en terroristas internacionales identificados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y no así en transportistas y gremiales.
El proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas es otra de las normas (actualmente en pausa) que genera rechazo de los sectores, desde donde aducen que es una “copia fiel” de la archivada Ley 1386. El tratamiento de esta norma está en pausa en el Legislativo.
Al ‘paquetazo’ se suma el proyecto de ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos y el proyecto de ley 304 (retirado por sus impuslores) también fue motivo de controversia debido a que establece una pena de cinco a siete años de cárcel por el uso inadecuado de las redes sociales.
*Fuente: Unitel
