¿Qué hacemos, qué quieren? ¡Por favor sean claros y precisos!

Mientras algunos concejales y funcionarios municipales trabajan en la búsqueda de formas para generar recursos económicos en beneficio de la municipalidad y de los contribuyentes, otros actúan de manera contraria, obstaculizando esta misión. Esto aleja la gestión municipal de la sociedad, contradiciendo el lema que pregonan: «Una Alcaldía cerca de la gente».

En diciembre de 2022, el Concejo Municipal de Montero sancionó la Ley 286/2022 de Regularización de Terrenos Rústicos a Urbanos. Esta ley beneficia a los propietarios de terrenos que, de una forma u otra, no se urbanizaron y permanecieron como rústicos, pero que se encuentran dentro de la mancha urbana actual. La norma establece que podrán beneficiar a todos aquellos propietarios cuyos terrenos estén registrados en Derechos Reales un año antes de la promulgación de la ley y que tengan hasta 10,000 metros cuadrados de superficie. La Ley Municipal 286/2022 fue promulgada por el alcalde municipal, Regys Medina, en diciembre de 2022, y su decreto reglamentario sancionado en febrero de 2023.

Según las estimaciones de los concejales, esta ley beneficiaría a más de 1.000 vecinos que enfrentan este problema, y ​​la municipalidad recaudaría aproximadamente 1 millón de bolivianos al año a través de los impuestos generados por la regularización de los terrenos. Esto representa una suma significativa para las finanzas municipales.

Varios propietarios han iniciado el proceso de regularización de sus terrenos rústicos a urbanos, superando inicialmente los obstáculos técnicos que el Plan Regulador impone. Una vez que los terrenos están empadronados en la municipalidad y se han realizado los pagos de impuestos anuales; levantamientos topográficos, planos de ubicación, certificados catastrales y pagos por compensación, si un terreno tiene alguna área afectada de uso público, esta área pasa a ser propiedad de la municipalidad, previa elaboración de la minuta de cesión de área de uso público a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Montero.

Como apoderado legal de varios propietarios de terrenos rústicos, inicié los trámites en marzo y, hasta la fecha, tengo dos carpetas que están en la Dirección Jurídica desde el 19 de julio de 2023. A pesar de haberme acercado a dicha dirección unas 15 veces y de haber dialogado personalmente con la directora en cuatro ocasiones, el trámite no avanza. Han transcurrido casi 70 días sin que mis dos trámites hayan progresado, y nadie me ha proporcionado una explicación o una justificación. En definitiva, no se está cumpliendo con la normativa ni con los plazos administrativos establecidos.

Por otro lado, mi cliente y yo hemos visitado en repetidas ocasiones la oficina del alcalde en procura de obtener su firma y remitir las carpetas de adjudicación definitiva de un lote de terreno en el Parque Industrial de Montero al Concejo Municipal. Esto permitiría que el ente legislativo sancione la Ley Municipal de titulación de este terreno. Sin embargo, a la fecha, la carpeta sigue sin la firma del alcalde Regys Medina desde hace más de 4 meses. Esta documentación ha sido revisada minuciosamente y no presenta errores ni observaciones que justifiquen la demora en su firma.

Nos preguntamos si esto es negligencia o qué es lo que realmente quieren. Los vecinos y contribuyentes desean cumplir con las regulaciones, regularizar sus terrenos y pagar sus impuestos de manera adecuada para contribuir al erario municipal. Sin embargo, se están enfrentando a numerosas dificultades, negligencia y abuso por parte de las autoridades, y este no es un caso aislado, sino que hay varios más. ¿Qué hacemos, qué quieren? ¡Por favor sean claros y precisos!

La municipalidad necesita generar ingresos económicos, y sus acciones dilatorias están cerrando las puertas a los contribuyentes.

*Foto: Facebook

Víctor Hugo Callaú es abogado.