Foto: Captura Noticiero El Espectador
El concejal Santiago Valenzuela, informó que en su labor de fiscalización se enteró de presuntos actos irregulares como la venta ilegal de un área de equipamiento de propiedad del municipio a un privado.
El martes Valenzuela coordinó y acompañó a los investigadores anticorrupción para la correspondiente notificación a los demandados, los mismos que deben presentarse el lunes 6 de noviembre a Hrs. 14:30 en la Unidad Anticorrupción del Departamento de Santa Cruz, ubicado en la Unidad Policial del Distrito 08 del Plan 3000, cerca de la plaza El Mechero, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para prestar sus declaraciones informativas.
Entre los denunciados figura el alcalde municipal, Regys Medina como cabeza de la administración municipal, y otros funcionarios, entre ellos el secretario de obras públicas, el responsable del parque industrial y otros, en total seis servidores públicos que presuntamente hubiesen actuado de manera ilegal y cometido delito de negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Según Valenzuela, la demanda fue presentada ante el juez anticorrupción por la presunta venta de alrededor de dos hectáreas de un área de equipamiento del parque industrial a un precio aproximado de 35.000 dólares a una empresa granelera.
El concejal Valenzuela, además de la denuncia, pidió a la principal autoridad de la municipalidad a restituir esta área de equipamiento, porque puede ser útil en el futuro para la instalación de alguna empresa municipal, o la construcción de un hospital de cuarto nivel, por ejemplo, y no se puede enajenar un predio y disminuir el patrimonio municipal, en vez de acrecentarlo como es obligación de las autoridades.
Posición del ente municipal
Consultado sobre el tema, el director jurídico de la Alcaldía de Montero, Fabricio Vaca, informó que no se trata de una venta ilegal, sino una adjudicación que responde a la normativa municipal en vigencia, como el Código de Urbanismo que en su contenido establece fajas dentro del área del parque industrial.
Por otro lado, el Decreto Municipal 01/2018, que aprueba el Reglamento del Parque Industrial, donde establece el plazo de un año para que los adjudicatarios de lotes en el área industrial realicen la construcción y consolidación de sus empresas. Muchos no cumplieron ese plazo y los terrenos fueron revertidos y puestos a disposición de empresarios con capacidad de ejecutar sus proyectos.
Finalmente la Ordenanza Municipal 113 /2013 que permite la adjudicación de los terrenos del parque industrial a título oneroso o venta de los lotes y establece un precio de $us. 2 por metro cuadrado, que el adjudicatario debe cancelar en la cuenta del Gobierno Municipal.
Según Fabricio Vaca, los servidores públicos que fueron denunciados, solo cumplieron sus roles de acuerdo a la normativa en el proceso de adjudicación de un terreno ubicado en la Faja 1 adjudicado a la empresa Granorte.
El alcalde municipal Regys Medina, no se encuentra en la ciudad y solicitó licencia temporal hasta el próximo viernes 10 de noviembre y ha solicitado nueva fecha para acudir a la notificación para prestar su declaración informativa que fue fijada para el lunes 6 de noviembre. Los otros cinco denunciados ante la Unidad de Anticorrupción, se presentarán en la fecha fijada, donde informarán acerca de su participación de acuerdo con el rol que desempeñan en sus cargos, señaló Vaca.
Con referencia al cobro de un monto de 35.000 dólares a que se refirió el concejal Valenzuela, el director jurídico manifestó que si se toma en cuenta el costo de dos dólares por metro cuadrado y el terreno tiene alrededor de 17.000 M2, evidentemente se acerca al monto de la denuncia. Pero que la adjudicación del terreno no es ilegal, porque se han cumplido las normas y los procedimientos establecidos.
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