En declaraciones efectuadas a medios de comunicación de Santa Cruz, luego de asistir a declarar en la Fiscalía Anticorrupción de la capital cruceña, el alcalde de Montero Regys Medina Paz manifestó que, quien tiene la obligación de presentar pruebas de su acusación, es el concejal Santiago Valenzuela demandante por la presunta venta de un área de equipamiento del Parque Industrial del Norte a una empresa particular.
Consultado sobre la medida de acogerse al silencio acerca del caso en particular, Medina expresó que sí se abstuvo a declarar, porque está en su derecho y quien tiene que presentar toda la documentación que pruebe las acusaciones debe ser el concejal denunciante. Fue reiterativo en sus declaraciones y pidió a los periodistas munirse de la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones y se informen detalladamente del caso.
Entre los denunciados por este presunto hecho de corrupción, figura el alcalde municipal, Regys Medina como cabeza de la administración municipal, y otros funcionarios, entre ellos el secretario de obras públicas, el responsable del parque industrial y otros, en total seis servidores públicos que presuntamente hubiesen actuado de manera ilegal y cometido delito de negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El alcalde montereño junto a los otros cinco funcionarios, había sido citado para prestar su declaración informativa el pasado 6 de noviembre, pero no asistió porque se encontraba con licencia temporal y había viajado. Solicitó postergación y se presentó este jueves en cumplimiento de la orden fiscal.
En defensa de los acusados, el director jurídico de la Alcaldía de Montero, Fabricio Vaca, aseguró que no hubo venta ilegal, sino una adjudicación dentro la normativa municipal en vigencia, como el Código de Urbanismo que en su contenido establece fajas dentro del área del parque industrial.
Por otro lado, el Decreto Municipal 01/2018, establece el plazo de un año para que los adjudicatarios de lotes en el área industrial realicen la construcción y consolidación de sus empresas. Muchos no cumplieron ese plazo y los terrenos fueron revertidos y puestos a disposición de empresarios con capacidad de ejecutar sus proyectos.
Según Fabricio Vaca, los servidores públicos que fueron denunciados, solo cumplieron sus roles de acuerdo a la normativa en el proceso de adjudicación de un terreno ubicado en la Faja 1 que fue adjudicado a la empresa Granorte, proceso que habría sido aprobado y firmado por los miembros del Concejo Municipal, entre ellos el concejal Villarroel.
Comentarios