De la esperanza promisoria y seductora a la crisis terminal

Por: Vladimir Medina Aramayo*

CARACTERIZACIÓN

Una aproximación de la compleja problemática y coyuntura política nacional, nos plantea el desafío de revisar algunas consideraciones teórico-conceptuales que nos permitan definir y entender la complejidad de los hechos, fenómenos, acciones y circunstancias que se desarrollan en el marco de esta aparente crisis política.

Debemos partir de entender que una crisis política, se refiere a una coyuntura compleja en el marco del proceso político, donde se altera o rompe el normal funcionamiento del sistema político, de las relaciones entre los actores políticos y sociales que lo componen, produciendo momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional, pérdida  de legitimidad, descontento, desconfianza de los representantes políticos, así como las tensiones y contradicciones que  se van acumulando en la sociedad, con una tangible evidencia, la inexistencia de una hegemonía que garantice resolver los problemas. La crisis “son estados que muestran a las cosas como realmente son y no como se presentan cotidianamente”, decía Zavaleta (1986).

LAS CRISIS EN LA HISTORIA DEMOCRÁTICA

La historia democrática en nuestro país, ha estado signada y marcada por distintos procesos que podrían entenderse como modelos o formas de Estado, construyendo hegemonías que marcaron tendencia en el sistema político, de los cuales una característica recurrente fueron las crisis políticas.

La reapertura democrática en octubre de 1982 fue el proceso o modelo más breve y probablemente el más importante con componentes que lo identificaron históricamente. La profunda vocación democrática y defensa de los derechos humanos, la controvertida política financiera, hiperinflación, devaluación crisis financiera, la conspiración sin límites del sistema político, parlamento, partidos políticos, central obrera boliviana, empresarios y militares. Elementos que concluyeron con la decisión de acortar el mandato y adelantar las elecciones, cerrando este primer proceso

Un breve proceso de transición entre los gobiernos de Meza y Rodríguez Beltzé, las elecciones generales del 2005 que dieron el triunfo a Evo morales

CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO

La apertura de un nuevo modelo o forma de estado, denominado proceso de cambio, abrió una esperanza promisoria y seductora, caracterizado por la emergencia de las organizaciones y movimientos sociales, su inclusión en los niveles de representación y decisión política que involucró a mucha gente, sectores, organizaciones sociales, indígenas, intelectuales, ciudadanos, partidos de izquierda. Abriendo un nuevo escenario en la relación entre la sociedad civil y el estado, instrumentalizada por estos nuevos actores, con una renovada y vigorosa legitimidad y representatividad y el diseño de una perspectiva distinta que tuvo logros importantes, la inclusión social, la asamblea constituyente que diseño un nuevo tipo de Estado, el tránsito de República a Estado Plurinacional, una época importante en gestión económica, inversión pública, indicadores exitosos, estabilidad, y condiciones políticas, sociales e institucionales hegemónicas, y favorables.

Sin embargo es evidente el deterioro y probable agotamiento de este proceso, un primer aspecto es la polarización que establecía una permanente confrontación entre dos visiones distintas, dos proyectos, lo que condicionó la agenda política, poniendo en riesgo la institucionalidad democrática producto de esta confrontación (los conflictos post asamblea constituyente, la crisis política producto de los conflictos regionales y la autonomía, la crisis producto del 21 F, la ruptura constitucional y el golpe de estado del 2019) lo que fue deteriorando sus relaciones, legitimidades, contenidos discursivos, institucionalidad y representatividad.

Pero este deterioro se profundizó por peligrosas pérdidas de rumbo, estancamiento en la ruta de transformación del Estado, una visión de la economía orientándola a un estatismo secante y extractivista,  distorsión del rol protagónico de los pueblos indígenas y movimientos populares que devino en una captación y prebendalización de los dirigentes sociales, anulándolos y eliminándolos de su rol histórico, corrupción, confusas políticas en el tema de tierras, conflictos y pugnas internas,  pérdida de legitimidad en la articulación entre la sociedad civil y el Estado, circunstancias que dieron lugar a una decadencia progresiva, materializada por un sistemático proceso de desinstitucionalización, afectando la institucionalidad democrática, poniendo en evidencia una aguda crisis estructural que presupone la hipótesis del agotamiento del proceso de cambio.

En contrapartida las organizaciones de oposición política se subsumían en sus propias contradicciones internas, pugnas entre sus principales liderazgos tradicionales y los emergentes, que marcó una ruptura en los intentos de articulación de los grupos de poder conservadores, la presentación de varias candidaturas y una gestión desastrosa en el gobierno, luego de la ruptura constitucional, hechos que se constituyeron en graves errores tácticos y estratégicos. Estas circunstancias eran complementadas por una enorme debilidad en las iniciativas, sin ninguna capacidad de influenciar en la agenda política, lo que implicaba que todo el accionar político estaba en función de lo que marcaba el oficialismo, con una notoria ausencia de propuestas.

Esta crisis involucra a todo el sistema político, sus actores, oficialismo, oposición, liderazgos sociales, cívicos, sin embargo donde se visibiliza con más fuerza esta crisis es en la asamblea plurinacional donde interactúan las diferentes representaciones políticas y sus actores, caracterizados por un vaciamiento de los contenidos éticos, políticos, ideológicos, valores, principios, y con una enorme limitación en la capacidad argumental y propositiva, provocando que en muchos sectores académicos, intelectuales, ciudadanos, de la sociedad civil, consideren que este parlamento podría ser el peor de la historia democrática de este país.

Estos elementos conllevan a una pérdida de legitimidad y credibilidad del sistema político, perdiendo la capacidad de interrelacionar a la sociedad civil con el Estado, con la consecuencia de la fractura de la institucionalidad y los consensos.

CRISIS INSTITUCIONAL

La acelerada desinstitucionalización, debilita la capacidad de gestión pública del gobierno y coloca en un peligroso riesgo la estabilidad e institucionalidad democrática, afectando al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo, a los niveles subnacionales y a las FFAA.

Una primera señal tiene que ver con la confrontación en torno a la conclusión del mandato del poder judicial y las futuras elecciones judiciales, expresada en una peligrosa ruptura de la independencia y colaboración  de poderes, el intento de una inadmisible invasión de competencias,  buscando direccionar, paralizar y limitar  las funciones, roles  y capacidades de otros poderes, una deliberada y extraviada distorsión del espíritu constituyente como voluntad ciudadana de construir colectivamente una sociedad plural, desfigurada por un errático desempeño y  proceder de los vigilantes e intérpretes de la constitución (Tribunal constitucional) en un intento deliberado, sesgado y subjetivo de reinterpretar la Constitución de acuerdo a sus propios intereses, poniendo en riesgo la credibilidad de la justicia y la estabilidad de la institucionalidad democrática que se traduce en accionar de manera forzada las salas sin legitimidad, ni votación cualificada, accionando de manera intimidatoria las famosas medidas cautelares, tomando decisiones por sobre la voluntad, el proceso y el espíritu constituyente.

Una segunda señal tiene que ver con las debilidades, dificultades e incapacidades del ejercicio de la gestión pública en la Asamblea Plurinacional, fracturada de la coordinación con el Poder Ejecutivo, sin norte, sin rumbo, actitudes dogmáticas sectarias, motivadas por intereses personales que provocan incertidumbre en gobernabilidad, gobernanza, derechos ciudadanos, seguridad jurídica, incapacidad de generar y construir consensos, temas paralizados en el tratamiento y aprobación de leyes, etc. Con un creciente riesgo de pérdida de legitimidad ante la voluntad colectiva ciudadana y popular.

Una tercera señal la debilitada relación del gobierno con las FFAA, abriendo una peligrosa condición por los antecedentes históricos del accionar castrense en el período de las dictaduras militares y por el proceder en la crisis política del 2019, incumpliendo su mandato constitucional de manera deliberada y convirtiéndose en factor clave para la ruptura constitucional, mucho más aun cuando se evidencia un descontento manifiesto de un sector del ejército, elementos que abren la posibilidad latente de una ruptura constitucional, levantamiento armado o golpe de estado impulsado desde el seno mismo de las FF.AA. y alentado por corrientes políticas de derecha, conservadoras y antidemocráticas.

Todos estos aspectos condicionan la capacidad de construir legitimidad, consenso y gobernabilidad del Estado y el gobierno en su relación con la institucionalidad democrática

CRISIS ECONÓMICA

Uno de los aspectos más visibles y críticos de esta crisis estructural, que además se convirtió en uno de los factores del deterioro y agotamiento de este proceso. Este modelo denominado económico, social, comunitario y productivo, se inscribe en una visión del Capitalismo de Estado con contenido social, con aciertos y errores en su aplicación, conteniendo algunas características esenciales “Condiciones favorables de relacionamiento comercial para exportación de gas, nacionalización de hidrocarburos, crecimiento de los indicadores Macroeconómicos, Inversión Pública, redistribución de recursos, acuerdos con sectores empresariales”

Sin embargo, tanto en la visión como en la aplicación hubo algunos elementos que contribuyeron al deterioro, visibilizándose como peligrosas perdidas de rumbo, no se tomaron las previsiones, recaudos y planificación con relación a inversiones que garanticen seguir con el  volumen de explotación y exportación de gas, no se consideraron alternativas y/o políticas ante la probable modificación de las relaciones comerciales, precios internacionales y volumen de exportación de hidrocarburos, la perspectiva de una visión plural de la economía se transformó en un estatismo secante, un extractivismo puro y duro, donde los sectores que trabajan en la explotación de recursos naturales tiene beneficios y tratamientos especiales  en concesiones, impuestos y regulaciones, la aplicación de la subvención de manera plana distorsionando el objetivo, exagerado gasto público, incremento de la burocracia estatal, centralismo, crecimiento de la economía informal, pocos atractivos para la inversión extranjera, carencia  de fuentes de empleo, prebendalismo y corrupción.

Estos elementos fueron factores detonantes del desgaste y la decadencia del modelo generando una compleja y difícil y crítica situación que se manifiesta en los siguientes hechos:

• Una dramática reducción de ingresos del Estado a consecuencia de la baja de los precios internacionales de hidrocarburos específicamente del gas y la disminución de los volúmenes de producción de gas, provocando complejos problemas que profundizan esta crisis. Caída de las reservas internacionales en un porcentaje significativo, reduciendo la disponibilidad de divisas lo que activa la posibilidad de una inflación que puede descontrolarse si no se toman medidas.
• Incremento acelerado del Déficit Fiscal, huecos fiscales que antes eran cubiertos por el excedente lo que no ocurre por ahora.
• Déficit comercial, desequilibrio, entre lo que importamos y consumimos divisas en relación a lo que exportamos y generamos divisas, en la anterior década era equilibrado con la inyección de recursos estatales, hoy no existe esa posibilidad, por lo tanto el desequilibrio se profundiza.
• Dificultades en la aplicación y sustento de la   subvención de hidrocarburos.
• Una confusa definición y errática aplicación, beneficiando a grandes grupos económicos (mineros auríferos, otros) exportadores, permitiéndoles generar recursos, que podrían reinsertarse en la economía, por el contrario, son los que más se benefician de la subvención de combustible y encima los liberan del pago de impuestos, de regulaciones en la explotación de recursos naturales y de sanciones por el daño al medioambiente.
• Recursos insuficientes para garantizar la subvención.
• Facilita las posibilidades de especulación y contrabando sin ningún control efectivo. 
• La escasez de dólares se presenta como una de las consecuencias de esta crisis, asociada a la caída estrepitosa de las exportaciones de gas, afectación notoria y manifiesta a la estabilidad cambiaria, al tipo de cambio inestable, deterioro de la situación cambiaria, devaluación de la moneda nacional e inflación.

Las complicaciones se suman por la imposibilidad de acciones que permitan revertir la perdida de ingresos del estado, en el tema impositivo las recaudaciones apenas alcanzan para cubrir el gasto público, tanto en el nivel nacional como subnacional, sumando el hecho de que sectores que deberían tener un importante aporte en términos impositivos por sus actividades (agroindustriales, cooperativas. mineras, auríferas, gremiales, comerciantes, informales, cocaleros,) tienen un tratamiento flexible en algunos casos y en otros exentos del pago de impuestos disminuyendo la real posibilidad de recaudar. Los dólares provenientes de sectores exportadores son insuficientes, inversión extranjera directa muy poca sin posibilidad de inyectar dólares, las remesas relativamente bajas. Estas razones obligan a buscar recursos en otro tipo de alternativas como los recursos de la gestora de los aportes de los trabajadores jubilados o recurriendo a créditos y préstamos internacionales, que además están estancados en la Asamblea Plurinacional, acciones que incrementan significativamente la deuda externa, la deuda pública e interna con los riesgos de profundizar, el desequilibrio, inflación, devaluación y el déficit.

Es importante entender que los orígenes y las causas de esta crisis económica se arrastran desde la etapa del modelo neoliberal, su excesivo dogmatismo aumentó las brechas, la pobreza, las desigualdades y dio origen a problemas estructurales, el caso más relevante, el famoso decreto 21060 que trajo como consecuencias la relocalización minera, crecimiento descontrolado del desempleo, de la economía informal, masificación de productores de coca, proliferación del sector cooperativista minero en especial aurífero, que vía chantajes y presiones al Estado logran tratamientos especiales, exentos de responsabilidades, controles y regulaciones. En un contexto en el que la generación de recursos, provenientes de las exportaciones sobre todo del gas, se concentraba en empresas privadas transnacionales, limitando la capacidad del Estado de redistribuir recursos y de incrementar reservas, excedente y divisas

CONCLUSIÓN

CRISIS ESTRUCTURAL

Entendiendo que estas consideraciones caracterizan de manera más o menos precisa lo que está ocurriendo en nuestro país, sugerimos la hipótesis de que estaríamos siendo testigos de una crisis terminal, que se manifiesta en la posibilidad del agotamiento del modelo o forma de estado denominado proceso de cambio, que se expresa en crisis institucional, crisis del sistema político, de sus actores y crisis económica.

Es imperativo reconocer y asumir de manera autocritica la crisis en todos los ámbitos, sus causas y consecuencias, lo que implica que hay que tomar medidas urgentes, de otra forma, esto podría colapsar, teniendo en claro que bajo ninguna circunstancia la solución pasa por volver al modelo neoliberal, puesto que su dogmatismo y liberalismo secante, podría profundizar más esta crisis abriendo brechas, desigualdades y extrema pobreza. Por lo que corresponde encontrar factores que recuperen los aportes significativos de este modelo, lo bueno y se corrijan los errores y contingencias para proyectar un equilibrio económico.

En ese sentido es urgente construir una agenda política nacional que permita que los actores políticos, institucionales y sociales, puedan ponerse de cuerdo de manera democrática, solidaria, estratégica y priorizada en medidas, políticas y acciones destinadas a frenar la crisis generalizada y construir una transición que permita generar la condiciones para ir corrigiendo los hechos y causas que provocaron la misma. Por tal razón, debe ser parte de esta agenda la búsqueda de consensos que transiten a recomponer la desinstitucionalización, garantizando la independencia de la institucionalidad democrática, despolitizando el accionar en especial del órgano Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Circunstancia que requiere que los actores y las instituciones político partidarias de manera expresa y con voluntad política se comprometan a desbloquear la confrontación promoviendo que en esta transición prime la racionalidad, las ideas y los argumentos, desactivando los discursos maniqueístas, excluyentes, dogmáticos que estigmatizan y consideran al adversario como enemigo, evitando la grotesca manipulación y utilización de redes sociales y medios de comunicación.

*Vladimir Medina Aramayo, es sociólogo y líder de opinión política