Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre el inicio del proceso denominado 50/50 con la instalación de mesas técnicas de trabajo, el candidato a la Alcaldía de Montero por Nueva Generación Patriótica (NGP), Julio Quiroga, realizó un análisis sobre el impacto que una eventual modificación en la distribución de recursos podría tener en las finanzas municipales.
En su evaluación, Quiroga centró su argumentación en la estructura presupuestaria del municipio y en la dependencia de transferencias provenientes del nivel central del Estado, señalando que la discusión sobre el denominado 50-50 resulta determinante para la planificación financiera de los gobiernos locales.
Análisis del POA y estructura de ingresos
Quiroga explicó que en agosto de 2025 el municipio de Montero cerró su Programa Operativo Anual (POA) con un monto superior a los 205 millones de bolivianos, cifra que posteriormente se incrementó con un adicional de Bs 11,3 millones, alcanzando más de Bs 216 millones como techo presupuestario.
Según detalló, para que esa proyección se materialice, el municipio depende de tres principales fuentes de ingresos: los recursos propios generados por el pago de impuestos locales, la coparticipación tributaria y las transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). “Estos tres grifos económicos hacen posible que se paguen salarios, se compren medicamentos y se cumplan los servicios”, sostuvo.
Indicó que para la gestión 2026 la Alcaldía proyecta recaudar poco más de Bs 79 millones en recursos propios. Al comparar esa cifra con el presupuesto total proyectado, estimó que alrededor de Bs 138 millones provendrían de transferencias del nivel central, principalmente mediante coparticipación tributaria e IDH.
Proyección con el esquema 50-50
En ese sentido, el candidato planteó que si el porcentaje de recursos administrados por los municipios pasara del 25% actual (sumando coparticipación e ingresos por hidrocarburos) a un 50%, Montero podría recibir más de Bs 276 millones anuales. “Con la ley 50-50, vamos a esperar más de 276 millones de bolivianos”, afirmó.
Asimismo, proyectó que en un período de cinco años esa cifra podría representar alrededor de Bs 1.380 millones, lo que según señaló, permitiría ampliar inversiones en infraestructura urbana, educación, seguridad ciudadana y desarrollo humano.
Quiroga remarcó que el planteamiento no debe entenderse como una confrontación institucional, sino como un mecanismo para fortalecer la autonomía financiera municipal. “Sin pelearnos, pero sí haciendo prevalecer nuestros derechos”, expresó, al referirse a la necesidad de respaldar las determinaciones que surjan de instancias departamentales y técnicas en torno a la demanda del 50-50.
Finalmente, sostuvo que una mejor asignación de recursos debe ir acompañada de una administración eficiente y coordinación entre niveles de gobierno, señalando que el desempeño económico nacional también influye en la capacidad de inversión de los municipios.
