La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, mientras el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la norma forma parte de los condicionamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La posición fue expresada durante una reunión entre el Gobierno y representantes de los municipios, luego de que el presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, planteara la derogación del decreto como uno de los seis puntos de la agenda municipal.
“Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los GRACOs”, manifestó Torres ante el presidente Rodrigo Paz.
En respuesta, Aramayo señaló que el Decreto Supremo 5676 está relacionado con los compromisos asumidos por el país ante el FMI y con la liberación del precio de los hidrocarburos.
“El decreto 5676 al que hacía referencia el señor presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande”, afirmó.
Crece el rechazo al decreto
El pedido de la FAM-Bolivia se suma a las demandas de diferentes sectores productivos que exigen la abrogación del decreto, debido a que consideran que el incremento del precio del diésel para grandes consumidores elevará los costos de producción y terminará repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.
Productores cruceños y de otros departamentos otorgaron plazo hasta este domingo al Gobierno para dejar sin efecto la norma. En caso de no ser atendida su demanda, anunciaron que acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, donde podrían definirse nuevas medidas de presión.
