El exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, cuestionó la designación de nueve fiscales departamentales realizada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, al considerar que los nombramientos se efectuaron al margen de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que contempla la selección mediante concurso público, evaluación de méritos e idoneidad profesional.
En una entrevista con el programa La Mañana en Directo, de ERBOL, Gareca calificó las designaciones como realizadas “a dedo” y sostuvo que esta práctica es “vedada, ilegal, inconstitucional”, al considerar que no se habría respetado el procedimiento previsto en la Ley 260 del Ministerio Público.
Según explicó, la normativa establece que los fiscales departamentales deben ser seleccionados mediante un proceso que valore sus méritos, experiencia profesional y capacidad para ejercer el cargo.
El exfiscal señaló que, inicialmente, se había dispuesto que los fiscales de mayor antigüedad asumieran responsabilidades departamentales. Sin embargo, pocos días después se procedió a posesionar a nueve autoridades sin realizar, según sus observaciones, el proceso de selección exigido por la legislación vigente.
Gareca también rechazó el argumento de que el carácter transitorio de la gestión de Urioste justifique prescindir de los procedimientos legales. A su criterio, existía tiempo suficiente para publicar una convocatoria, evaluar a los postulantes y designar a las autoridades titulares.
Asimismo, advirtió que la falta de mecanismos transparentes de selección puede afectar la legitimidad de las autoridades del Ministerio Público y debilitar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Por ello, insistió en la necesidad de que las designaciones se ajusten a la Constitución Política del Estado y a la normativa que regula el funcionamiento de esa institución.
Observaciones en medio de la crisis del Ministerio Público
Los cuestionamientos de Gareca se producen en un contexto de crisis institucional del Ministerio Público, marcado, según el texto de referencia, por la detención del exfiscal general Roger Mariaca y de colaboradores suyos.
Ante este escenario, el exfiscal consideró necesario reforzar los requisitos de idoneidad, transparencia y probidad para quienes ejercen funciones públicas, especialmente dentro del sistema de justicia.
También planteó la necesidad de impulsar una reforma integral de la justicia en Bolivia, que contemple mecanismos para depurar a funcionarios presuntamente involucrados en hechos de corrupción y políticas públicas orientadas a impedir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones estatales.
Propone una comisión nacional para elegir al fiscal general
En relación con la próxima elección del fiscal general titular, Gareca propuso conformar una comisión nacional integrada por profesionales de reconocida capacidad y experiencia en áreas como derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal y criminología.
De acuerdo con su planteamiento, esta instancia tendría la responsabilidad de revisar los antecedentes de los postulantes, evaluar sus méritos y elaborar una lista vinculante que sería remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de elegir a la autoridad entre los candidatos mejor calificados.
Para el exfiscal, este mecanismo permitiría fortalecer la transparencia y la meritocracia en la selección de la máxima autoridad del Ministerio Público, sin eliminar las atribuciones constitucionales de los legisladores.
No obstante, señaló que la implementación de esta propuesta podría requerir una norma específica o una articulación de las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
La propuesta busca abrir el debate sobre los mecanismos de selección de las principales autoridades judiciales y fiscales del país, en un momento en que la transparencia institucional y la independencia de la justicia ocupan un lugar central en la discusión pública.
*Fuente: ERBOL
