El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, con el objetivo de enfrentar las deficiencias identificadas en sus operaciones y fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
La medida está establecida en el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, que además crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB, encargada de realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la empresa estatal durante el periodo de intervención.
Según la norma, el plazo podrá ser ampliado excepcionalmente, por una sola vez, hasta por 90 días mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos, siempre que persistan las causas que motivaron la intervención. Asimismo, podrá concluir antes de los 180 días si son superadas las condiciones que dieron lugar a su establecimiento.
El decreto fundamenta la intervención en las “deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes”, las cuales, según la norma, generan riesgos para el interés público y la seguridad energética del país.
La disposición aclara que la intervención no implica la supresión de YPFB ni la modificación de su naturaleza jurídica o de su estructura institucional.
Comisión estará integrada por cinco instancias del Estado
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará conformada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía; Producción; Hidrocarburos; Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia.
Entre sus principales tareas estará priorizar la revisión de las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.
La comisión también podrá recomendar auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución de carburantes, con el propósito de identificar posibles redes de contrabando, desvío, acopio y otras irregularidades, además de establecer las posibles responsabilidades del personal involucrado.
Asimismo, tendrá la facultad de recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, además de solicitar apoyo de entidades estatales de control y fiscalización.
Revisarán toda la cadena de combustibles
La comisión podrá revisar los procesos relacionados con la importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles.
También podrá formular recomendaciones para corregir deficiencias administrativas, técnicas, financieras, operativas y logísticas que sean identificadas durante la intervención.
Otra de sus atribuciones será evaluar decisiones y operaciones que pudieran haber afectado el abastecimiento de carburantes, la seguridad energética o los recursos del Estado.
La revisión también alcanzará al cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos, personal administrativo, técnico y operativo de YPFB. Entre sus atribuciones figura, además, la posibilidad de recomendar la remoción de personal.
El decreto establece que el presidente y todo el personal administrativo, técnico y operativo de YPFB deberán proporcionar la información requerida por la comisión, dentro de los plazos y bajo las condiciones que esta determine.
El incumplimiento de esta obligación podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales, conforme a la normativa vigente.
Auditorías y posibles responsabilidades
La comisión podrá recomendar la realización de auditorías técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas.
En caso de que los resultados evidencien posibles responsabilidades, deberá elaborar un informe en el que se identifiquen los hechos observados, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones que correspondan.
Los resultados de estas investigaciones podrán ser remitidos, cuando corresponda, a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes.
Finalmente, el Decreto Supremo 5697 establece que la intervención no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, en el marco de la política de austeridad del Gobierno.
Los gastos que demande el funcionamiento de la comisión deberán ser cubiertos con los presupuestos institucionales de las entidades que la integran.
