Ante los acontecimientos de pasados días en los que el niño Vicente Fernández Patiño de tan solo 11 años de edad, fue víctima de abusos sexual y transmisión de una enfermedad terminal, vecinos de Yapacaní con todas sus organizaciones, llevaron a cabo un cabildo multitudinario en el que determinaron una serie de medidas y demandas ante las autoridades, para que este tipo de acciones delictivas que dañan a la moral de todo un pueblo termine de una vez por todas y se siente precedente para quienes intenten llevar a cabo cualquier tipo de acción reñida con las leyes en vigencia.
Hubo una demanda generalizada de justicia y castigo ejemplarizador para los autores del hecho. “Basta ya de tanta injusticia, de tanta corrupción, de tanta retardación de justicia, de tanta negación de justicia”, indica el documento que emanó de esta convocatoria.
En la parte resolutiva del documento, declaran la expulsión definitiva del municipio de Yapacaní de los autores materiales, intelectuales, instigadores y cómplices del hecho.
Piden a las autoridades del órgano judicial una auditoría jurídica al caso del niño Vicente y del otro niño víctima de los mismos antisociales, cuya familia tuvo que huir a otro país debido al amedrentamiento a que eran sometidos por sus agresores. Dan plazo de 30 días para ver los resultados.
Exigen a las autoridades parlamentarias, la modificación del Art. 308 bis. del Código Penal, imponiendo pena directa de 30 años para los autores de violación de menores.
Modificación de la ley de Ejecución Penal y que los autores de este tipo de delitos, no gocen de ningún tipo de beneficio, es otra de las demandas.
Al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, exigen designar una comisión revisora, para evaluar los procesos de delitos de agresión sexual de los últimos cinco años y sanción penal para las autoridades consideradas como cómplices en estos hechos delictivos.
Al órgano Judicial, piden la creación de nuevos juzgados en materia penal y un tribunal de sentencia civil y de familia, ante el crecimiento de la población de Yapacaní que por la cantidad de casos, muchas veces carecen de atención oportuna y son víctimas de retardación de justicia o negación de justicia.
Al Ministerio Público, le piden la asignación mínima de tres fiscales de materia especializados con asiento en el municipio de Yapacaní.
Al Ministerio de Gobierno, la restitución de ítems de asistentes fiscales que extrañamente fueron suprimidos ocasionando gran perjuicio en los casos que se investigan.
Al Fiscal General del Estado, le piden la asignación de un ítem para médico forense para la provincia Ichilo con asiento en Yapacaní.
De igual manera exigen la construcción del edificio judicial en Yapacaní, la asignación de mayor cantidad de personal en las diferentes reparticiones policiales y se declaran en emergencia movilizada a la espera del cumplimiento de todos sus planteamientos.
El fiscal departamental Roger Mariaca, que se hizo presente en el lugar se comprometió a trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales a objeto de mejorar la atención de casos y a mejorar las condiciones del lugar donde trabaja la fiscalía de Yapacaní de manera que se pueda ampliar su labor con un fiscal más, asignado por instrucción de fiscal general del Estado Juan Lanchipa.
Prometió que cada fiscal que venga a este municipio pondrá todo su empeño en realizar un buen trabajo para evitar más hechos como el que se ha suscitado y evitar la retardación de justicia.
Mariaca anunció la efectivización de una reunión el próximo miércoles en la mañana para realizar de manera formal las peticiones que se han planteado en esta jornada de Cabildo en que la población de Yapacaní exteriorizó su protesta por el hecho que conmovió a todo el país.
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