La activista de Derechos Humanos Adela Ortiz se refirió a la crítica situación que enfrentan más de 2.000 personas privadas de libertad en el Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom), debido a la insuficiencia de agua potable.
Ortiz recordó que desde hace más de cuatro años se viene solicitando la perforación de un nuevo pozo a diversas instancias como la Alcaldía de Montero, la Gobernación y el Gobierno nacional, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. “Si bien es cierto que hay un tanque, fue perforado sólo para 450 personas, y ahora en el Cerprom ya hay más de 2.000 personas. Este líquido fundamental ya no abastece para esa población tan grande”, señaló.
Ante la falta de soluciones por parte del Estado, la activista informó que han comenzado gestiones con entidades privadas, entre ellas el Ingenio Azucarero Guabirá. Se ha entregado una carta formal dirigida al directorio del ingenio, con el respaldo de sellos de instituciones vecinales y organizaciones locales.
“Apelamos al buen corazón de todos los que conforman el directorio y a los accionistas del ingenio. El agua es vital para vivir. Quizás uno sin comer puede aguantar unos días, pero sin agua es imposible. En un solo día uno se deshidrata y puede morir”, afirmó Ortiz, subrayando la urgencia de la situación.
La solicitud fue presentada por intermedio del directivo de Guabirá Mariano Aguilera, con la esperanza de que el ingenio pueda contribuir a resolver esta necesidad urgente en beneficio de la población penitenciaria del Cerprom.
