La pasada semana, los gremiales de El Alto expresaron su rechazo contra la propuesta de norma y amenazaron con movilizarse.
El proyecto de ley de “Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental”, que creaba la figura del “auditor gubernamental”, fue rechazado ayer en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado.
La propuesta de ley fue tratada ayer, en la 29 Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Alta.
“Hoy (ayer) en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de la Cámara de Senadores, rechazamos por unanimidad el polémico proyecto normativo, pero hay que estar vigilantes para que el MAS no vuelva a modificar o plantear otra norma para atentar los derechos de los ciudadanos”, dio a conocer el senador de Creemos Henry Montero.
El 11 de septiembre, Página Siete informó que el Movimiento Al Socialismo, mediante la senadora Virginia Velasco, proyectó la propuesta norma para que la Contraloría, mediante el “auditor gubernamental”, acceda a la información de empresas privadas, cooperativas y asociaciones. Además, el proyecto le daba a ese auditor la atribución de allanar las entidades mencionadas para obtener los datos.
El planteamiento de Velasco fue rechazado de inmediato por gremiales de El Alto, quienes anunciaron movilizaciones en caso de que se apruebe la propuesta.
“La Central Obrera Boliviana no dice nada, pero los gremiales sí o sí nos vamos a movilizar. Los gremiales estamos muy molestos de todas esas leyes, decretos que están sacando (el Gobierno) a espaldas del pueblo boliviano. Está dividido Adepcoca, está dividiendo Adepcoca, nos está distrayendo, pero por debajo sus leyes está sacando”, dijo el ejecutivo Antonio Siñani, el 14 de septiembre.
Expertos consideraron, por su parte, que el proyecto daba mayores atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) de las que ya establece la Constitución Política del Estado. Además, los consultados consideraron que al no ser clara la redacción de la propuesta, podía ser usada para que el Gobierno tenga un mayor control y acceso a la información de entidades que considere contrarias a sus intereses e incluso de medios de comunicación.
“Hay demasiado interés, por parte del Gobierno, para tener el control de información (…). Lo veo muy peligroso; se puede presentar un problema con la prensa, también, porque habla de empresas privadas, sin especificar cuáles; entonces, también puede ser cualquier tipo de asociación. El concepto de útil en la ley, puede dar a muchas interpretaciones, porque la utilidad de información la definirá el auditor gubernamental”, opinó Sandra Verduguez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia.
La propuesta señalaba que las personas que no atiendan de manera favorable los requerimientos del “auditor gubernamental”, serían procesadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad.
Fuente: Página Siete
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