Tres funcionarios municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Montero han sido imputados por la presunta comisión de los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Incumplimiento de deberes, Contratos lesivos al Estado y Conducta antieconómica como consecuencia de la venta o transferencia de un terreno de equipamiento de propiedad municipal en el Parque Agroindustrial del Norte, a denuncia del concejal Santiago Valenzuela Arébalo.
La fiscal de materia asignada a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, Marcela Eliana Terceros Montealegre, hizo la imputación formal de los funcionarios Carlos Marcelo Flores Montero, director municipal del parque Agroindustrial del Norte y José Manuel Toledo Barja, funcionario municipal, por la presunta comisión de Incumplimiento de deberes y Conducta antieconómica y al secretario municipal de Desarrollo Económico y Productivo, Hugo Jesús Rojas Pedraza, por los presuntos delitos de Incumplimiento de deberes, Contratos lesivos al Estado y Conducta antieconómica.
Al mismo tiempo la fiscal anticorrupción, luego de la valoración de la documentación, indicios y elementos presentados y realizados los procedimientos en la etapa preliminar, planteó la medida excepcional de detención preventiva de los imputados por 180 días y pidió a la autoridad jurisdiccional señale día y hora de audiencia de consideración de la imputación formal y medidas cautelares.
De acuerdo con el informe presentado por la fiscal anticorrupción; los imputados, en su condición de ejecutivos municipales, han dispuesto o transferido un área de equipamiento municipal en una superficie de 17.945.92 m2, ubicado en el Parque Agroindustrial del Norte, debidamente registrado a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Montero en Derechos Reales con matrícula de folio real Nº 7.10.1.01.0044214, en favor de la empresa privada Granorte Granos y Semillas S.A. indicando ilegalmente que ese predio es de uso exclusivamente público, provocando una irreparable pérdida de patrimonio del Estado, por consiguiente una afectación patrimonial al municipio.
De acuerdo con eldocumento fiscal, la empresa privada desembolsó el monto económico de Bs. 249.807.21 a la cuenta de Tributos Fiscales del municipio de Montero en el Banco Unión con la clara mención del concepto de Compra de Terreno, como si se tratara de una transferencia común y corriente, a pesar de ser un terreno de equipamiento, dentro del área agroindustrial.
En caso de necesidad, para la transferencia de un bien patrimonial de propiedad del municipio, se deben cumplir pasos como el trámite administrativo de cambio de uso de suelo, o tramitar previamente una ley municipal de enajenación o transferencia, la misma que debe ser corroborada por una Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. que en este caso no se cumplió.
La denuncia fue presentada por el Concejal Valenzuela ante el Ministerio Público en fecha 31 de agosto de 2023 y fue admitida mediante Resolución el 1 de septiembre de 2023. Mediante requerimiento fiscal de 4 de septiembre de 2023, la fiscal anticorrupción ordena al investigador asignado al caso, para que proceda a la investigación tendiente a esclarecer los hechos denunciados, cuyos resultados llevaron a la autoridad a proceder con la correspondiente imputación formal, al existir indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados.
Inicialmente, la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el concejal Santiago Valenzuela, estaba dirigida a la imputación de seis funcionarios por su presunta participación en los hechos dolosos, entre ellos el alcalde municipal Regys Medina; Hugo Jesús Rojas Pedraza, secretario municipal de Desarrollo Económico y Productivo; Julio César Cuéllar Ayala, secretario financiero y administrativo; Carlos Marcelo Flores Montero, director municipal del Parque Agroindustrial del Norte; José Manuel Toledo Barja, que figura solo como funcionario municipal y Ramiro Víctor Heredia Mendivil, secretario municipal de Obras Públicas y Urbanismo.
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